El conjuez federal Jaime Belfer hizo lugar a una medida cautelar a favor de un productor rosarino, a quien se le aplicó el aumento de las retenciones que dispuso la resolución del ex ministro de Economía, Martín Lousteau.

"El Código Aduanero en materia derechos de exportación delega varias atribuciones del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo, pero la Constitución del 94, que es una norma posterior y superior al Código, en esos dos aspectos se lo deroga" , advirtió el magistrado, según se conoció hoy.

El letrado, además, le ordenó a la Aduana devolver el dinero cobrado por retenciones por encima del 35% original, en las próximas 24 horas.

Este fallo se suma a los dos anteriores: el de la Justicia Federal de Mar del Plata, que dispuso frenar la aplicación del aumento del tributo porque "afectan gravemente" derechos constitucionales; y al del conjuez Mario González Rais, que ordenó dejar sin efecto la medida, porque se habría vulnerado el el principio constitucional de "no confiscatoriedad" .
 
En estos tres casos, la Justicia señaló la existencia de serios cuestionamientos a la legalidad y legitimidad del abrupto aumento de las retenciones a la soja y el girasol, por lo que dispuso que la Casa Rosada diera marcha atrás con la medida resistida por los ruralistas.
 
Los jueces firmaron resoluciones que, de mantenerse firmes, implicarían una solución para esta crisis política, económica y social que vive la Argentina, ante la persistencia del Gobierno en mantener una resolución firmada por un funcionario que ya no está en el Gabinete y que originó una crisis de consecuencias imprevisibles.

En el fallo de la Justicia Federal de Mar del Plata, firmado por el juez federal Alfredo López, aseguró que las retenciones no fueron creadas "como instrumento de política económica" y que el propio Gobierno admitió tácitamente el error del sistema al aplicar los reintegros.

"Los jueces deben poner coto a situaciones como la presente, que denotan un ejercicio del poder legítimo que ostenta la administración cuando sus decisiones resultan a todas luces irrazonables, arbitrarias y atentatorias del bien común de la Nación", consideró la sentencia.

La primera resolución fue adoptada hace más de un mes por el conjuez Mario González Rais, que ordenó dejar sin efecto la medida porque se habría vulnerado el el principio constitucional de "no confiscatoriedad", incluido como expresa garantía de orden constitucional en el artículo 28.

Además, la sentencia destaca que el Ejecutivo carece de atribuciones para legislar en materia tributaria, por lo que no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, como serían los llamados derechos de exportación.