La guerra tiene un invitado

 

A la sombra de la guerra gaucha se endurece la otra gran guerra en que se embarcó el kirchnerismo en su segunda época: el enfrentamiento entre el Ejecutivo y los grupos que concentran el mercado audiovisual del país. Los generales mediáticos del ejército K planean una nueva estrategia para golpear al Grupo Clarín: amenazan con abrir el negocio del cable en la Ciudad de Buenos Aires para romper el virtual monopolio de Multicanal y CableVisión.

La Casa Rosada tiene una coartada judicial para respaldar su embestida. En el marco de una causa penal, la Justicia ya intimó al Comité Federal de Radiodifusión a que autorice a la empresa Omnivisión a prestar el servicio de televisión por cable en la Capital Federal. En ese expediente está imputado el ex interventor del Comfer Julio Bárbaro por el delito de incumplimiento de deberes. Y otro ex funcionario, en este caso de la Ciudad, irá a juicio oral en noviembre por haber obstruido, en favor del Grupo Clarín, el ingreso de nuevos actores al mercado.

En diciembre de 2000, Gustavo López, el entonces interventor del Comfer y actual presidente del Sistema de Medios Públicos, le otorgó a Omnivisión una licencia por quince años para la instalación, funcionamiento y explotación del servicio de TV por cable en el distrito porteño. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, al igual que hoy, la concesión de permisos estaba amparada por la afinidad política: uno de los dos socios de Omnivisión, Norberto D’Elía, era un influyente empresario radical con llegada directa a la Casa Rosada, que había sido aportante de la campaña delarruista. Su socio, Daniel Marini, se había iniciado en los 80 en el negocio del cable en el partido de Tres de Febrero.

Ese mismo año, la empresa inició los trámites ante el gobierno de Aníbal Ibarra para instalar la red de fibra óptica que requería para brindar el servicio de Triple Play (televisión, telefonía e internet).

La burocracia porteña no ayudó a Omnivisión: el otrora subsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Luis Calvo, instaló una maquinaria de exigencias de papeles, rechazos, nuevos papeles, sellos, documentos y más papeles que retrasaron durante cuatro años el inicio del soterrado de la red.

Finalmente, Calvo firmó la autorización, pero no en forma espontánea: medió un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, Juan Cataldo, que hizo lugar a una acción de amparo que había iniciado Omnivisión ante los “retrasos ilegítimos”, como los definió el juez. La ruta judicial de Calvo no terminó ahí: un fiscal correccional tomó el caso y lo acusó por incumplimiento de deberes de funcionario público. Calvo fue procesado por ese delito y deberá enfrentar su juicio oral en noviembre.

“Nadie puede creer que Calvo haya actuado por voluntad propia. Calvo recibía órdenes políticas y empresarias. Luego le soltaron la mano”, relató un ex secretario del gabinete que conducía Ibarra. ¿Quién estaba detrás de Calvo? La respuesta a esa pregunta se supo un tiempo más tarde gracias a un expediente del Comfer.

A fines de 2004, la empresa realizó las obras. Según afirmaron desde Omnivisión, invirtieron más de 20 millones de dólares para tender una red de 21 kilómetros de fibra óptica en los barrios de Núñez, Belgrano y Palermo y para adquirir el equipamiento que les permitiera brindar el servicio de Triple Play. En diciembre de 2004, D’Elía y Marini intentaron dar el último paso que debían cumplir: tramitar ante el Comfer la autorización “precaria” para transmitir.

A pesar de tener la licencia del propio Comité, de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), de la Ciudad (con “calvario” judicial de por medio) y de haber realizado el tendido de cable, Julio Bárbaro dijo: “No”.

El ex funcionario nacional, al igual que Calvo, inició un proceso de papeleo y rechazos que volvió a postergar el inicio de las actividades de Omnivisión. La empresa volvió a la Justicia. A mediados de 2007, la jueza federal Claudia Rodríguez Vidal hizo lugar a otra acción de amparo. Y le ordenó al Comfer otorgar el permiso. Bárbaro no lo hizo y envió el expediente a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del propio Comité.

“Ante la orden judicial (...) y la futura responsabilidad en que podría incurrir el Sr. Interventor por desconocer el alcance de la misma, este Cuerpo Letrado estima conveniente el dictado de un acto administrativo que autorice el comienzo de las emisiones de la firma licenciataria” , advirtió el director de Asuntos Legales, José Caamaño.

Bárbaro volvió a negarse, desoyendo la orden judicial y la recomendación de sus propios abogados. ¿Sólo tozudez? No. En agosto de 2007, al expediente de Omnivisión ingresó un conocido actor del mercado: Multicanal, para aquel momento, también propietaria de CableVisión. Sin ocultar su interés, ni su capacidad de lobby, la empresa del Grupo Clarín reclamó que el Comfer le quite la licencia a Omnivisión ya que a su criterio, la firma carecía de “capacidad financiera” para realizar las obras que se necesitaban para prestar el servicio. Pese a que la inversión ya se había realizado, el 21 de septiembre de 2007, y citando expresamente el pedido de Multicanal, Bárbaro denegó “transitoriamente” la autorización. La Justicia volvió a actuar el 4 de marzo de este año.

La jueza Rodríguez Vidal le dio 5 días de plazo al Comfer para que cambie su actitud. Bárbaro renunció unos días más tarde. Pero el fiscal Carlos Rívolo le imputó el delito de incumplimiento de deberes. Y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició su propia indagación.

Las causas judiciales reflejan cómo un funcionario del kirchnerismo y otro del ibarrismo cuidaron el mercado monopolizado por CableVisión y Multicanal. Pero la guerra gaucha alteró los ánimos. Y ahora el Gobierno utiliza esos mismos expedientes para presionar al Grupo Clarín.